La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó a Bolivia el miércoles que modifique un decreto que restringe la libertad de expresión mediante el castigo a quienes se desinforman sobre el covid-19.
Una notificación de la oficina local de la agencia consideró que la norma promulgada durante el fin de semana por la presidenta transitoria Jeanine Áñez para contener la desinformación sobre la emergencia del coronavirus es excesiva.
El Decreto Supremo 4231 sobre la difusión de informaciones a lo largo de la pandemia debería modificarse para que ahora no criminalice la libertad de expresión, declaró la oficina de la ONU, anunciando que, está muy a su disposición para hacerlo.
El decreto llevó a los sindicatos de prensa bolivianos a exigir su anulación y la declaración de, una nación de emergencia entre sus adeptos.
El decreto sanciona penalmente a las personas que ,difunden información de cualquier tipo, ya sea en forma escrita, impresa, artística y / o por medio de cualquier otro procedimiento que ponga en riesgo o aféctela salud , generando incertidumbre en la población, sobre las pautas contra el coronavirus.
El pasado lunes, las asociaciones de periodistas de La Paz y Bolivia, APLP y ANPB, solicitaron eliminar esta norma, que se convirtió en una crítica por otros organizaciones internacionales .
El especial relator de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, expuso en Twitter que, el uso del derecho penal para las expresiones de interés público no es compatible para el Sistema Interamericano. La desinformación se lucha con el derecho de acceso a la información pública.
Lanza declaró además que envió una nota a la presidenta Áñez ,sobre el deber de adaptar las normas internas, a los estándares interamericanos de derechos humanos.
Por su parte, José Miguel Vivanco, director de las Américas de Human Rigths Watchs (HRW), lamentó , el uso de covid19 para pisotear la libertad de expresión de los bolivianos.
El Ministerio de Comunicación aseguró en una declaración que la norma busca proteger a la sociedad boliviana de la mala e imprecisos información y no restringir así la libertad de expresión.
El decreto 4231 endurece la sanción contenida en todos los demás emitidos en marzo, el 4200, debido al hecho de que somete al ámbito penal al aparente infractor. La sentencia tiene entre 1 y 10 años en prisión.
