Las autoridades bolivianas, después de numerosas críticas, anularon un decreto que penalizaba la libertad de expresión en el contexto de la pandemia de covd-19.
Las regulaciones, canceladas, penalizaron cualquiera propagación de datos escritos o artísticos, en opinión de los mandos , puedan desinformar a la población.
Grupos de periodistas, organismos internacionales y regionales, etc, reprocharon la prescripción del gobierno mediante un decreto de penalizar a algunos, en su opinión, desinforma a la población sobre la situación del país debido a la emergencia de salud.
Este miércoles, la misión en Bolivia de la oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos pidió al gobierno que modifique el decreto que penaliza la libertad de expresión.
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Igualmente, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha destacado que en lugar de amenazar a los periodistas o silenciar las críticas, los estados deberían inspirar un debate saludable sobre las pandemias y sus consecuencias.
El lugar de trabajo de la ONU enfatizó que el Decreto Supremo 4231 sobre la difusión de los hechos en toda la pandemia debería modificarse para no criminalizar la libertad de expresión y hacerla totalmente compatible con los deberes internacionales del Estado.
